Las reformas propuestas por el Ejecutivo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pretenden homologar el esquema de gobierno de ese órgano con el IMSS (tripartita) y combatir actos de corrupción, pues se ha encontrado que los sectores empresarial y de trabajadores —que forman parte del cuerpo directivo— han favorecido ese tipo de casos, como la venta de una misma vivienda a varios derechohabientes.
Así lo dio a conocer esta mañana el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ante la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Indicó que el instituto tiene representación en sus órganos de dirección de los tres sectores: gubernamental, empresarial y de los trabajadores; sin embargo, los dos últimos se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al grado de ordenar a la anterior dirección general del Instituto presentara amparos contra sus resolutivos.
El funcionario presentó un resumen de los objetivos de las reformas —que fueron aprobadas en el Senado la semana pasada, aunque falta discutirse en la Cámara de Diputados, y la Comisión Permanente ha propuesto un parlamento abierto para analizarlo— a las que se han opuesto diversos sectores, en particular representantes de la patronal y de los trabajadores, argumentando que hay riesgo de “que se pierdan los ahorros” de los trabajadores y que se pierda la estructura tripartita.
Al respecto, la mandataria federal remarcó que el objetivo de la reforma a la Ley del Infonavit “es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos de los trabajadores que son sus fondos de ahorro, que permitan que pueda tener vivienda, y generar esquema que también participen desarrolladores privados, pero hacer vivienda social que es el objetivo central del infonavit”.
Anunció que en breve se presentarán denuncias penales correspondientes contra quienes resulten responsables de la corrupción al interior del instituto, donde además de integrantes del cuerpo directivo, se ha detectado están involucrados trabajadores del organismo, notarios públicos y otros actores para la venta de la misma vivienda a varias personas, por ejemplo.
Romero Oropeza planteó que las reformas respetan el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit; se homologa el esquema de gobierno corporativo al del IMSS; el director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República; se eliminan las direcciones sectoriales (de trabajadores (que gana 271 mil pesos mensuales, y empresarial, que percibe 262 mil mensuales) que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero si prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República (que gana 140 mil mensuales).
Además, se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de asamblea, consejo, comités y comisiones, de los integrantes de los sectores, que actualmente oscilan entre los 60 y 90 mil pesos por cada asistente en cada sesión.
“Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores”, afirmó el director general.
Agregó que en el actual esquema de gobierno del instituto, el director general no tiene influencia ni en la asamblea general ni en el consejo de administración, donde sí tienen peso los directores sectoriales del empresariado y de los trabajadores.
“Al existir tres direcciones en el Instituto, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces, dado que sólo realizan observaciones administrativas e irrelevantes, y no atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando”, apuntó Romero.
Con la reforma, dijo, no sólo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que se permitirá, “como hoy no sucede”, la fiscalización por parte de la ASF.
Sheinbaum Pardo manifestó su extrañamiento por el hecho que dentro del consejo de administración, los sectores empresarial y de trabajadores en la estructura del Instituto hayan obligado a su anterior director, Carlos Martínez, a ampararse contra los resolutivos de la ASF.
“Fue una resolución del consejo de administración, el director general no tiene voto en el consejo, y no hay responsabilidades ante el director general de trabajadores y para el de empresarios. Proponemos un cambio en la estructura, que sea transparente, que los trabajadores tengan certeza que están seguros sus ahorros, que haya construcción vivienda, y que haya una estructura que permita una auditoría”, subrayó la mandataria.
Enfatizó que contrario a lo que han dicho los actores que han criticado la reforma —entre ellos varios opositores—, “lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles, y que no se den estos actos de corrupción que no pueden ser sancionados, porque resulta que el Infonavit tiene una estructura que no permite auditar. Eso está en el fondo de la reforma”.
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