Uline, la multimillonaria empresa de empaques, propiedad de los mayores donantes de Donald Trump, Liz y Dick Uihlein, se encuentra bajo escrutinio tras una investigación de The Guardian, la cual reveló que trasladaron trabajadores mexicanos para laborar en sus almacenes utilizando visas destinadas únicamente a capacitaciones. Dichas prácticas, que expertos califican de ilegales, contrastan con el firme discurso antimigrante de Trump y evidencian la contradicción entre las políticas que el republicano promueve y las acciones de sus principales aliados.
La indagatoria que realizó el rotativo británico detalla cómo la compañía trasladó a trabajadores mexicanos a sus almacenes en Wisconsin y Pensilvania y empleó visas B1 y de turista, destinadas exclusivamente a capacitación y visitas de corta duración, pero utilizadas para realizar tareas regulares; Liz Uihlein y otros altos ejecutivos estaban al tanto del esquema.
El programa, denominado apoyo de transbordador
, ha funcionado durante tres años y habría involucrado simultáneamente a entre 60 y 70 trabajadores, quienes recibían pagos en cuentas bancarias en su país de origen.
Sus salarios eran inferiores a los de sus homólogos estadunidenses, aunque incluían bonificaciones por participar en el esquema. Además, Uline gestionaba su alojamiento en hoteles cercanos a las instalaciones.
Ni la empresa ni sus propietarios respondieron a las acusaciones, mientras defensores de derechos migratorios instaron a las autoridades a investigar el uso indebido de visas y las condiciones laborales.
Expertos legales consultados por el diario británico advirtieron que dichas prácticas violan las leyes migratorias de Estados Unidos y representan riesgos legales para los trabajadores si las autoridades detectan las irregularidades.
Las visas B1 no permiten obtener salarios por trabajo realizado en Estados Unidos
, señaló Marc Christopher, abogado de migración en Wisconsin, quien calificó las acciones de ”absolutamente prohibidas”.
El crecimiento económico de dicha empresa, cuyos ingresos pasaron de 6 mil 100 millones en 2022 a 8 mil millones en 2024, coincide con las controversias. Según fuentes internas, las dificultades para contratar en Estados Unidos, como estrictas pruebas antidopaje, motivaron la implementación del programa de traslado laboral.
Los Uihlein son una fuerza importante en la política de derecha, y han gastado decenas de millones de dólares en apoyar a candidatos, incluido el presidente electo Trump y otros políticos de dicho espectro político que han pedido una deportación masiva de migrantes.
Los empresarios fueron los segundos mayores donantes políticos en las elecciones de este año, aportando incluso más que Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Su influencia política creció tras el fallo Citizens United, que permitió a corporaciones y particulares gastar sin límites en campañas políticas.
Durante su carrera política, Trump ha abogado por políticas estrictas para frenar la migración y reforzar la frontera con México; además el magnate ha calificado a los indocumentados que se encuentran en Estados Unidos de animales
, no humanos
y criminales
.
Construir el muro” fue una bandera de campaña del republicano en 2016, mientras deportación masiva
fue la frase de moda que animó a sus partidarios a postularse a la Casa Blanca en 2024.
Esta semana, el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, quien actuaba como asesor informal del equipo de transición del presidente electo Donald Trump en temas de migración, expresó que confiaba en que el magnate tomaría medidas que provocaran un desafío legal sobre el estatus de ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos de migrantes que habían ingresado al país demanera irregular.
Kobach, que reveló a la agencia The Associated Press que mantenía contacto regular con miembros del equipo de transición de Trump, entre ellos Tom Homan, nominado por Trump para zar fronterizo, y Stephen Miller, quien asumiría como subdirector de gabinete de la Casa Blanca para política, también anticipó que el presidente electo alentaría a los agentes locales y estatales a colaborar en los esfuerzos para arrestar y detener a migrantes.
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