El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, logró sacar adelante un amplía reforma fiscal en el Congreso de los Diputados, en donde después de su ardua negociación con el resto de grupos parlamentarios logró su aprobación por 178 votos a favor frente a 171 en contra. La nueva ley fue respaldada por los partidos de la izquierda independentista y nacional, pero también por la derecha nacionalista del País Vasco y Cataluña, que a cambio de su respaldo pidieron que no se renovará el impuesto especial al sector energético, por la estrecha relación de estos partidos con multinacionales como Iberdrola, que tiene su sede central en Bilbao, o Repsol y Naturgy. El partido Podemos, que con sus cuatro diputados era el más reacio a asumir esta cuestión, finalmente cedió a cambio de que en el futuro inmediato se ponga en marcha una “comisión negociadora” para abordar esta reforma, que en cualquier caso no respaldarían ni el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ni Junts per Catalunya (JxCat).
En cualquier caso, el gobierno de coalición español, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, logró aprobar uno de los planes fiscales más importantes de los últimos años, con el que aspira a recaudar algo más de cuatro mil millones de euros anuales más. En el paquete fiscal hay rubros importantes, como el aumento impositivo a los carburantes y al diesel, pero sobre todo al sector bancario, al mantener el gravamen que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que iba a caducar el próximo 31 de diciembre. El tipo de impuesto aprobado será del 7 por ciento para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los cinco mil millones de euros, que son la mayoría de los grupos hegemónicos en el país. De este modo, el tipo sería del 1 por ciento hasta los 750 millones, del 3,5 por ciento hasta los mil 500 millones, del 4,8por ciento hasta los tres mil millones, del 6 por ciento hasta los cinco mil millones y del 7% desde cinco mil millones en adelante.
Además la reforma incluye el incremento en dos puntos porcentuales para la rentas del ahorro superiores a 300 mil euros, del 28 al 30 por ciento, además de cambios normativos para reforzar la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. También, como medida de prevención sanitaria, se va a gravar los vapeadores y se va a subir la fiscalidad del tabaco, además de la modificación de la directiva europea del IVA que permita aplicar el impuesto a los alquileres turísticos o impulsar la factura electrónica.
En plenas negociaciones parlamentarias para la reforma, las multinacionales más poderosas del sector energético, como Endesa, Iberdrola, Repsol y Naturgy lanzaron una advertencia pública al gobierno si finalmente se aprobada el impuesto especial al sector, que finalmente no se aprobó. Las energéticas advirtieron que se pondrían en peligro más de 30 mil millones de euros en inversiones para los próximos años, además del desarrollo y viabilidad económica de los proyectos ya en marcha.
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