S&P Global Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local en BBB y BBB+, respectivamente.
Después de la publicación del documento por parte de la agencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comentó que esta acción “permitirá al país continuar con un acceso favorable a los mercados nacionales e internacionales”, por lo que reiteró su “compromiso de preservar la estabilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda pública”.
La agencia destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha comprometido a reducir los déficits fiscales de México y a estabilizar sus finanzas públicas y su carga de deuda.
“Esperamos una amplia continuidad en las políticas económicas y sociales después de la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló, aunque reconoció que “heredó una grieta entre el gobierno y partes del sector privado mexicano”
Ante la probabilidad de que la administración federal asegure la estabilidad económica ante las posibles disputas entre México y Estados Unidos sobre comercio, migración y otros asuntos, la calificadora decidió ratificar las calificaciones crediticias soberanas en moneda extranjera a largo plazo de ‘BBB’ y en moneda local a largo plazo de ‘BBB+’.
“La perspectiva estable incorpora nuestras expectativas de una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos que estabilicen las finanzas públicas y mantengan la sólida posición externa de México”, señaló.
La agencia señaló que no espera movimientos en la calificación durante los próximos 12 a 18 meses.
S&P Global Ratings prevé continuidad en las políticas sociales y económicas durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo.
También anticipó una mayor participación de la inversión privada en sectores clave como el eléctrico, que podría dinamizar el crecimiento económico, lo cual ocurre después de la reforma energética que devuelve a las empresas estatales su carácter de público y permite la inversión privada en generación de hasta 46 por ciento.
Sobre las recientes reformas constitucionales, la calificadora señaló que “han creado mucha controversia”. Reconoció que la concerniente al poder judicial está diseñada para reducir la corrupción en el sistema actual.
Sobre la desaparición de organismos autónomos comentó que “las implicaciones a largo plazo de estos cambios no están claras, pero corren el riesgo de debilitar la confianza de los inversionistas y, potencialmente, la transparencia y previsibilidad de las políticas gubernamentales”.
La agencia también destacó que la calificación se sustenta en la democracia y el marco institucional de México, que han proporcionado estabilidad política; así como en políticas macroeconómicas prudentes respaldadas por un régimen de tipo de cambio flotante, un sector bancario bien capitalizado y un portafolio de deuda local diversificado.
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